Luego de estar casi dos semanas detenidos, los policías José Gastón Alfonso Ramírez (33); Paula Belén Vázquez (27); Alexis Joan Zambiaso (30); Iván Alexis Lobos (32); Emanuel Magneago (34), y Hernán Nahuel Peresón (36), acusados de robarse mercadería de un camión siniestrado, recuperaron la libertad.
En una audiencia realizada este martes en los tribunales de Reconquista, la jueza penal Claudia Bressán dio lugar al pedido de los abogados defensores, rechazando la prisión preventiva requerida por fiscal Nicolás Maglier.
Los defensores se basaron en un llamado del camionero al 911 donde confirmaba que la carga “estaba asegurada”, por lo que “no le preocupaba que le sustraigan los elementos volcados”, por lo cual no habría hurto. Además, ninguno de los imputados cuenta con antecedentes penales.
Incluso, los letrados de los detenidos calificaron de “discriminatoria” la pretensión del fiscal advirtiendo que “hubo otros allanamientos en los que encontraron mercaderías del camión siniestrado, inclusive que son funcionarios públicos, una inspectora municipal de tránsito, y se la identificó, y continuaron en libertad”, dejando la sospecha de una “vendetta policial, sobre lo que va a ahondar “más adelante”.
Los argumentos de la jueza
Fundamentó su decisión de liberar a los imputados en la posibilidad de que, frente a una posible condena, podría ser de ejecución condicional; y que venció el plazo que el tribunal le había otorgado la semana pasada a los investigadores para que terminen de revisar los videos; y el riesgo de fuga ni siquiera fue invocado por el fiscal en ninguna audiencia, “lo que me releva de considerar la existencia de este peligro”.
Solo continúa detenida preventivamente (en su domicilio) la suboficial Florencia Micaela Acosta, 27; quien tiene audiencia programada para el 3 de mayo.
Los siete policías están imputados por los delitos de hurto doblemente calificado, por ser en ocasión de un infortunio del damnificado, (hurto calamitoso); y por ser sobre mercaderías transportadas, agravado a su vez por la condición de ser miembro integrante de las fuerzas de seguridad, en concurso ideal con abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales públicos.