La Legislatura sancionó una serie de reformas a la integración y al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia al modificar distintos artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial, la 10.160 que dispone, entre otras cosas, que a futura la máxima instancia de la justicia tendrá siete ministros y el Procurador, y que cesarán automáticamente en sus funciones a los 75 años.
El tema fue primero votado en la Cámara de Diputados luego de extenso debate donde hubo fuertes cuestionamientos de Somos Vida y de cuatro diputados justicialistas pero el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe sumó los votos de Hacemos (el bloque justicialista que tiene como referente a Omar Perotti) más el Frente Amplio por la Soberanía. Luego, el expediente fue votado sobre tablas en el Senado únicamente con el voto de Unidos y la abstención de la bancada justicialista. “Somos Unidos para Cambiar Santa Fe y creemos necesario que se debe empezar a cambiar la Corte cuyos integrantes tienen un promedio de 24 años en los cargos, lo que significa que pasaron seis gobiernos constitucionales” señaló el radical José Corral al cerrar el debate que tuvo exposiciones muy críticas desde Somos Vida, especialmente a través de Emiliano Peralta y Amalia Granata así como de la justicialista Alejandra Rodenas.
Más allá de los fuertes discursos de Peralta y Granata antes de votarse el texto, Omar Paredes integrante de Somos Vida pidió autorización para abstenerse en la votación.
La reforma sancionada modifica seis artículos del título de la Ley Orgánica referida a la Corte Suprema y otros dos artículos sobre el personal judicial. El corazón de la reforma es elevar a siete la actual composición de seis ministros, reclamo de tener composición impar que fue incluso muchas veces reclamada por la propia Corte, más un artículo para clarificar lo que la mayoría de las cámaras entendió que corresponde clarificar es cuándo corresponde el cese de funciones de los magistrados del Poder Judicial. La Constitución provincial establece el límite en 65 años y la Carta Magna nacional en 75 y la norma votada se inclina por ésta última edad.
La Legislatura sancionó una serie de reformas a la integración y al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia al modificar distintos artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial, la 10.160 que dispone, entre otras cosas, que a futura la máxima instancia de la justicia tendrá siete ministros y el Procurador, y que cesarán automáticamente en sus funciones a los 75 años.
El tema fue primero votado en la Cámara de Diputados luego de extenso debate donde hubo fuertes cuestionamientos de Somos Vida y de cuatro diputados justicialistas pero el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe sumó los votos de Hacemos (el bloque justicialista que tiene como referente a Omar Perotti) más el Frente Amplio por la Soberanía. Luego, el expediente fue votado sobre tablas en el Senado únicamente con el voto de Unidos y la abstención de la bancada justicialista. “Somos Unidos para Cambiar Santa Fe y creemos necesario que se debe empezar a cambiar la Corte cuyos integrantes tienen un promedio de 24 años en los cargos, lo que significa que pasaron seis gobiernos constitucionales” señaló el radical José Corral al cerrar el debate que tuvo exposiciones muy críticas desde Somos Vida, especialmente a través de Emiliano Peralta y Amalia Granata así como de la justicialista Alejandra Rodenas.
Más allá de los fuertes discursos de Peralta y Granata antes de votarse el texto, Omar Paredes integrante de Somos Vida pidió autorización para abstenerse en la votación.
La reforma sancionada modifica seis artículos del título de la Ley Orgánica referida a la Corte Suprema y otros dos artículos sobre el personal judicial. El corazón de la reforma es elevar a siete la actual composición de seis ministros, reclamo de tener composición impar que fue incluso muchas veces reclamada por la propia Corte, más un artículo para clarificar lo que la mayoría de las cámaras entendió que corresponde clarificar es cuándo corresponde el cese de funciones de los magistrados del Poder Judicial. La Constitución provincial establece el límite en 65 años y la Carta Magna nacional en 75 y la norma votada se inclina por ésta última edad.