La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) vinculada a maniobras para la posible comisión de delitos de falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja para obtener réditos económicos.
En el escrito se hace referencia a la tramitación de solicitudes del beneficio que prevé que se otorgue “hasta un 10 % de anticipo (del seguro) a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación, cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal según correspondientes actuaciones médicas”.
Desde la Caja detectaron varios trámites para reclamar este beneficio por parte de afiliados que presentan como característica común ser todos oriundos de la ciudad de Reconquista, y que todos son patrocinados por el mismo abogado. Asimismo, la denuncia detalla que “en todas estas solicitudes se observan situaciones anómalas en torno a los certificados médicos aportados por los afiliados para solicitar los beneficios, (…) y que fueran advertidas por la asesora médica de este organismo”.
Desde la Caja entienden “que podrían haberse cometido delitos de acción pública tales como falsificación de documentos y/o su utilización, ya que dichos certificados dudosos han sido usados por los afiliados para justificar -entre otra documentación médica- la solicitud de beneficios de la seguridad social que otorga esta Caja”, indica la presentación.