Ocho agentes del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe fueron imputados este lunes por apremios ilegales contra internos de la cárcel de Piñero. Los hechos denunciados habían ocurrido en marzo pasado, durante una serie de requisas llevadas a cabo luego de un ataque a tiros contra un colectivo de empleados penitenciarios.
De los ocho agentes del Servicio Penitenciario no trascendieron su identidad ni su cargo. Tampoco se conoció qué tipo de prácticas se sospecha que llevaron a cabo ni contra qué reclusos.
La investigación surge de un marco delicado, como lo fue en términos de seguridad toda la primera quincena de marzo, que comenzó con la balacera contra el colectivo del Servicio Penitenciario el sábado 2 de ese mes.
Los tiros sorprendieron a los agentes que eran trasladados por la zona de Circunvalación a la altura del barrio Rucci. Eran unos cien agentes que viajaban en dos colectivos de la empresa Laguna Paiva rumbo a sus casas luego de 72 horas de guardia.
Ese mismo día se llevaron adelante requisas en distintas cárceles de la provincia; una de esas fue en la cárcel de Piñero. Luego de los operativos los familiares de los presos reclamaron y denunciaron apremios ilegales y torturas. Parte de esas acusaciones fueron formalizadas por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) con la presentación de un hábeas corpus.
La denuncia planteó que las requisas luego de los ataques a los colectivos del Servicio Penitenciario se llevaron a cabo en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñero. En ese sector había presos de alto perfil que ya estaban aislados, pero que luego de esos operativos continuaron “engomados”.
Hubo internos que dijeron que les habían tirado en la cara alguna sustancia similar al gas pimienta, que los amenazaban con abusos sexuales y que los golpeaban de distintas maneras. El 11 de marzo un médico forense revisó a estas personas para constatar las consecuencias de esas vejaciones.