Tras la drástica reducción de la atención médica que sufrieron los afiliados al Iapos por parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, este lunes los gremios de trabajadores estatales hicieron una presentación judicial ante la Defensoría del Pueblo en busca de destrabar el conflicto.
En medio de la negociación con la obra social y el gobierno provincial por la actualización de los aranceles, son unos 600 mil afiliados que ven comprometido su acceso a la salud, El Ejecutivo santafesino advirtió que la prestación “no debería cortarse” y acusó a las clínicas por usar a los afiliados como mecanismo de negociación por el valor de las cápitas.
Referentes del sindicato docente, de los empleados de la administración pública (ATE) y los profesionales de la salud (Sipurs) explicaron que los pacientes no pueden acceder a determinadas prácticas y estudios sin abonar su valor completo y que ni siquiera tienen la posibilidad de sacar un turno con sus médicos de cabecera para que les receten medicamentos. Es por ello que pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo.
Además de apuntar que los principales focos de conflicto por el recorte en la atención están en los departamentos Rosario y ahora también Castellanos, Pablo Olivares, ministro de Economía, manifestó: “No debería haber corte porque no estamos ante una discusión de no poder prestar el servicio, se toma al afiliado como mecanismo de negociación”.