Sancti Spiritu, una pequeña comuna del sur santafesino ubicada en el departamento General López, comenzó a desandar el camino para implementar una tasa destinada a empresas transportadoras de cargas, una suerte de retención a camiones que ingresan desde otros lugares del país. La misma, que supone el costo de 5 litros de gasoil para extranjeros, se reduciría a 1% en el caso de los transportistas registrados en el distrito.
Conocido el caso, las entidades ruralistas, que ven el caso como un peligroso antecedente para que otras comunas de la región tomen el mismo camino como método de recaudar, rechazaron la iniciativa del presidente comunal Cristian Vincenti (Unidos Para Cambiar Santa Fe). “Queremos hacer público nuestro repudio a la ordenanza 18/2023”, sostiene el comunicado firmado por Coninagro, Carsfe, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria.
En ese sentido, razonaron: “Nos preocupa que una comuna pueda tomar decisiones que sobrepasen los límites constitucionales, interfiriendo con la libertad de contratación, la libre circulación y la creación de nuevos tributos, sin tener en cuenta las leyes vigentes, la situación actual y el marco de emergencia aún en vigor en la provincia de Santa Fe”.
El argumento es que la comuna carece de facultades para imponer impuestos de manera arbitraria, conforme la Ley Orgánica de Municipios y Comunas y el Código Tributario Municipal, ambas de la provincia de Santa Fe, donde se define que los gobiernos locales solo pueden imponer derechos, contribuciones y tasas “como prestaciones pecuniarias que deben abonarse al municipio como retribución por los servicios públicos prestados”.