El pasado 30 de octubre en la ciudad de Cañada de Gómez (Depto. Iriondo), una mujer de 36 años cuyas iniciales sin D.T. fue detenida por haberse realizado un aborto en su casa, a quien la Fiscalía la acusa de “homicidio agravado por ser un descendiente”, en tanto que su vecino también fue privado de su libertad acusado de “coautor” por haberle facilitado las pastillas para realizar la interrupción y haberla asistido en el proceso. Tras un rastrillaje en la vivienda del hombre, se hallaron los fetos enterrados en el patio. El delito puede tener una condena de prisión perpetua.
Desde la red de Abogadas Translesbofeministas de la ciudad de Rosario remarcan la arbitrariedad de las medidas tomadas por la fiscala Gabriela Lescano y aprobadas por el Juez de primera instancia Álvaro Campos. En un escrito dirigido a la fiscala regional María Eugenia Irribarren, sostienen que “DT es la mujer de 36 años “vive en extrema vulnerabilidad social y económica, tiene un consumo problemático de estupefacientes hace un tiempo prolongado”.
La defensora Florencia Chaumet, a cargo de velar por el proceso justo y los derechos de la acusada, sostiene que no se puede omitir el estado de vulnerabilidad de la mujer y la situación de consumos problemáticos que atraviesa. Y desmintió los dichos de la Fiscalía sobre el rastrillaje, en los que sostuvo que la mujer acusada se negó a revelar dónde había descartado a los fetos. Además, acusa a la fiscal de fallar de acuerdo a “su sentir personal y moral con respecto al aborto”, y de realizar “una descripción morbosa de lo hallado”.
“Ahora por el obrar del sistema de justicia penal hay una mujer, pobre, con un consumo problemático, puérpera y presa. Este accionar va en desmedro absoluto del acceso a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas y convalidarlo resulta actual y potencialmente peligroso para el Estado de Derecho”, concluyen en la misiva.