En febrero de 2018, la maestra Vanesa Castillo fue asesinada en la puerta de una escuela en Alto Verde. Su asesino, Juan Ramón Cano, fue condenado por el femicidio y se encuentra purgando su condena. Pero, como Cano fue declarado insolvente, la ley de honorarios profesionales prevé que se le requiera el pago de los honorarios del abogado defensor, a la querella.
Ante esta resolución que obligaba a la familia de la docente asesinada a pagar $ 457.000 a los abogados del asesino, Silvia, hermana de la víctima, afirmó: “Hemos aprendido que buscar justicia es en un camino de injusticias avalado por la letra de la Ley. El Estado que garantiza la representación legal de la defensa del imputado, y deja solos a las familias de las víctimas”.
Finalmente, el gobierno provincial decidió hacer cargo de los costos del juicio y liberar de esta erogación a la familia Castillo. Así lo confirmó Ornella Grossi, subsecretaria de Políticas Contra la Violencia por razones de género dependiente del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, al tiempo que le prometieron a Silvia “trabajar codo a codo en mejorar el sistema de acceso a la justicia para que ninguna persona tenga que acceder a un abogado particular si no tiene como costearlo”.